El contexto político chileno ha cambiado significativamente en los últimos veinte años, hoy después de realizadas las reformas constitucionales destinadas a la eliminación de los enclaves autoritarios, están dadas las condiciones para promover una agenda de perfeccionamiento político-institucional, instaurando un régimen parlamentario de gobierno a través de una nueva Constitución Política, por cuanto Chile reúne las condiciones para institucionalizar un equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, debido a la solidez de su sistema de partidos (multipartidista) y la necesidad de incentivar y consolidar alianzas mayoritarias de gobierno.

El interés que el debate sobre el sistema político despierta en la mayoría de los países latinoamericanos no es casual, la crisis de la estabilidad política, de la democracia y de la gobernabilidad se han identificado con la vigencia de un régimen presidencialista de gobierno, trayendo esa visión como consecuencia obvia, la idea de realizar modificaciones institucionales mirando hacia el modelo de las formas parlamentarias.

El estudio comparativo de las instituciones de los diversos regímenes políticos, ha procurado definir cuáles son las mejores formas de gobierno para la democracia. La conocida tesis del profesor Juan Linz (1987) que relata las ventajas del parlamentarismo y los defectos del presidencialismo, ha marcado el inicio de un debate acerca de la relación e influencia de las formas de gobierno (parlamentarista, presidencialista o semipresidencialista) en los procesos democráticos. Este debate no ha estado ajeno en nuestro país y se ha manifestado de manera cíclica en niveles académicos y políticos, sin embargo, socialmente aun no penetra como una necesidad político-institucional, o al menos, el presidencialismo no es percibido como un tema problemático que amerite ser cambiado.

Aunque en términos comparativos, el sistema político chileno observa altos niveles de institucionalidad, se advierten algunas desventajas estructurales respecto del régimen político que deben ser neutralizadas,  en torno a una mayor colaboración entre las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo y de mecanismos jurídico-constitucionales que otorguen flexibilidad al régimen para resolver una eventual crisis política de gobierno. El quiebre del régimen presidencialista del año 1973, es un ejemplo de esto, y como lo afirma el profesor Valenzuela (1997) si el régimen chileno hubiera sido parlamentario, no se habría producido el golpe de Estado, por cuanto la suma de conflictos tienen en este régimen una resolución natural, previniendo el riesgo que una crisis política de gobierno derive en una crisis de régimen político.

Una interrogante ha sido si nuestro país ha tenido en su historia republicana un régimen político distinto al régimen presidencialista de gobierno. El estudio de las fuentes reglamentarias y constitucionales desde los inicios del proceso de nuestra independencia hasta nuestros días, arroja como resultado – desde un punto de vista histórico-constitucional – que desde el Reglamento Provisorio de 1811, pasando por las Constituciones Políticas de 1833, 1925 y 1980 con sus modificaciones posteriores, incluyendo las del año 2005, han sido todas de un carácter netamente presidencialista, permitiéndonos afirmar que el único régimen político constitucional de gobierno que hemos conocido a través de nuestra historia ha sido el de régimen presidencial.

De esta manera el rótulo de “república parlamentaria” que una parte considerable de la historiografía chilena ha puesto al período de gobierno comprendido entre los años 1891 a 1925, ha constituido a generar un mito contra un parlamentarismo que “habría fracasado”, alimentado por la confusión que en la década de 1870 se produjo, cuando se introdujeron algunas modificaciones legales bajo un ambiguo ideario liberal parlamentarista, destinadas a aquilatar el autoritarismo presidencial de la época.

Se aprecia que en efecto existió en el período indicado un impulso para modificar el régimen de gobierno, mediante algunas prácticas parlamentaristas como el voto de censura y las interpelaciones parlamentarias, pero que no se tradujeron en cambios a la Constitución y a las Leyes. Se constata, más bien, la construcción de una leyenda negra en torno a lo nefasto que fue el parlamentarismo, utilizado por algunos historiadores con claro sesgo conservador, para acentuar las fortalezas del régimen presidencialista.

Retrotraemos la legítima preocupación, que pareciera no estar conciente en la clase política, cual es que mientras no se realicen las reformas político-institucionales con miras a evitar esta amenaza latente, no habremos avanzado lo suficiente en la urgente tarea de  democratizar nuestro sistema político pues aun se mantiene  latente el problema que una crisis de gobierno puede constituir una solapada amenaza a un nuevo quiebre del régimen presidencialista chileno, por cuanto este carece de los mecanismos de defensa que eviten que un quiebre político se transforme en una crisis de régimen, hecho que obliga a recurrir a elementos externos al sistema o a la aplicación de mecanismos de fuerza extra constitucionales para la solución del conflicto.

Sometemos a crítica el desarrollo del presidencialismo en Chile, al menos desde el gobierno de Balmaceda que culminó en una guerra civil, hasta el gobierno de Allende interrumpido por un golpe de Estado, procesos de la historia chilena que ponen de manifiesto dos graves crisis del régimen presidencialista, en que hubo intervención de las Fuerzas Armadas a petición de los propios actores políticos, porque el sistema no fue capaz de entregar soluciones políticas a dichas crisis.

El contexto político nacional ha cambiado significativamente en los últimos veinte años, hoy después de realizadas las reformas constitucionales destinadas a la eliminación de los enclaves autoritarios, están dadas las condiciones para promover una agenda de perfeccionamiento político-institucional, instaurando un régimen parlamentario de gobierno a través de una nueva Constitución Política, por cuanto Chile reúne las condiciones para institucionalizar un equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, debido a la solidez de su sistema de partidos (multipartidista) y la necesidad de incentivar y consolidar alianzas mayoritarias de gobierno.

Olaf Cramme y Elena Jurado

Es difícil evaluar en la presente coyuntura las consecuencias de la actual crisis financiera global, tanto en relación con nuestras economías, como en consideración a dinámicas políticas más amplias. Sin embargo, se pueden distinguir tres fenómenos a este respecto. En primer lugar, la crisis demuestra la cruda realidad de la interdependencia global en el siglo XXI. La idea de que el crecimiento económico –particularmente en los mercados emergentes – ha estado “desacoplado” de la economía americana se ha demostrado equivocada. La realidad es que ningún país ha quedado inmune de la crisis en un sistema financiero tan global y tan inadecuadamente regulado.

En segundo lugar, la crisis ha mostrado la fragilidad del proceso de globalización. La creciente escasez de crédito está precipitando un descenso dramático en el comercio internacional, con efectos importantes sobre la economía de los grandes países exportadores, principalmente China, Alemania y Japón. Con el deseo de evitar operaciones demasiado arriesgadas con los mercados emergentes, los bancos se limitan hoy a invertir en sus propias economías. Las políticas de rescate de industrias europeas y norte-americanas amenazan al progreso alcanzado durante las últimas décadas en la liberalización del comercio internacional. En efecto, ya se está hablando del comienzo de un proceso de des-globalización.

En tercer lugar, la fe neo-liberal en el “laissez-faire” como principio y guía de la organización de los mercados se ha visto fuertemente sacudida. La crisis ha evidenciado los límites de la liberalización de los mercados. Los mercados por si mismos no pueden asegurar el interés público. En modo similar a los radicales cambios ideológicos de finales de los años 70, actualmente estamos siendo testigos de la demolición de los cimientos políticos del neoliberalismo y del fin de su hegemonía intelectual en occidente.

Estos fenómenos tienen importantes implicaciones para el proyecto político progresista. Ante todo obligan a los gobiernos y a los políticos progresistas a reconstruir un orden financiero y económico internacional en un momento en el que la tendencia política es mirar hacia dentro y buscar solo soluciones nacionales.

Es destacable que tanto los países en vías de desarrollo como los desarrollados se enfrentan a este mismo desafío. La globalización tiene que seguir siendo el marco fundamental para la política progresista pues de lo contrario podríamos ver amenazados los avances conseguidos hasta el presente, incluyendo la creación de índices de riqueza sin precedentes, que han permitido que millones de personas de todo el mundo puedan superar la pobreza. Al mismo tiempo y enfrentados a un declive de la fe en el mercado sin regulación, los progresistas han de llenar el vacío ideológico con urgencia, pues si no es así existe el riesgo de serlo hecho por los políticos populistas.

Pero distintas sociedades interpretan “el fin de la hegemonía neo-liberal” de manera distinta, dependiendo de las ideas y experiencias de mercado preexistentes que tiene cada una de ellas. Esto tiene como resultado perspectivas muy distintas respecto a las reformas necesarias a hacer, incluyendo la viabilidad y el impacto de los planes de estímulo, los beneficios y los límites de un incremento de la regulación financiera internacional, y las políticas dirigidas a corregir los desequilibrios económicos internacionales.

En resumen, los desafíos a los que nos enfrentamos abren una gran oportunidad a las ideas progresistas, aunque a la vez plantean algunos riesgos. Por una parte, el punto fuerte de las políticas socialdemócratas modernas siempre ha sido el reconocer las nuevas realidades que surgen en la sociedad y a la vez ajustarse a ellas. Por otra parte, el “momento progresista” actual requiere una revisión profunda de las ideas políticas de centro izquierda, como reconocimiento no solo de la urgencia y gravedad de la crisis, sino también de la compleja relación que hay entre la búsqueda de la justicia social, la necesidad de dinamismo económico y el desarrollo sostenible en una economía global. Si el centro izquierda no logra presentar una alternativa creíble que realmente sea útil para la mayoría de la población, correrá el riesgo de caer en la irrelevancia política, y a la vez agravar la crisis presente.

El desafío intelectual al que nos enfrentamos por lo tanto abarca dos dimensiones: A nivel internacional, la tarea será establecer un sistema de cooperación, de regulación y de intervención más equitativo y sostenible para atender a las diversas necesidades de los países industrializados, de aquellos que están en vías de desarrollo, y finalmente de los menos desarrollados, así como al desarrollo de una sociedad global expuesta a riesgos comunes. A nivel doméstico, la tarea consistirá en repensar el rol moderno que ha de tener el Estado en la consecución de una economía más estable que combine dinamismo económico y crecimiento con una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades. Enfrentar este desafío requerirá un debate crítico pero con visión de futuro sobre los temas y opciones disponibles para la reforma.Policy Network Handbook Ideas.